El candidato presidencial más votado, Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA), propone una reforma energética que contemple “esquemas tarifarios realistas a partir de la baja del costo de las empresas” y un esquema de subsidio a la demanda. Bajo este modelo tarifario, especialistas en energía advierten por el espacio que podrían ocupar los aumentos en la canasta básica y, sobre todo, en el bolsillo del segmento de ingresos medios.
Este grupo, conocido como N3 en el proceso de segmentación iniciado por la secretaria de Energía, Flavia Royón, “es el que marcará la disidencia, porque protagonizan la batalla que viene”, según el ex secretario de Hidrocarburos (2019-2020), Juan José Carbajales. “Hoy quedaron muy emparentados con los N2 (ingresos bajos), y bien alejados de la suba fuerte de tarifas que está teniendo el N1 (sector de ingresos altos)”, detalla el especialista. En el caso del plan libertario, cree que el objetivo es seguir aumentándole a los sectores altos y bajos, pero “sumar la quita de todos los subsidios a los N3”, aunque “no lo dice directamente, o bien piensa hacerlo gradualmente”. De ser así, recuerda que está vigente el fallo CEPIS de 2016, aprobado por la Corte Suprema, que impone la gradualidad y la proporcionalidad en los incrementos tarifarios.}
Del mismo modo, despertó curiosidad el tuit de Julián Rojo, especialista en economía de la energía y planificación energética: “Veo que Milei quiere llevar a cero los subsidios de la luz y el gas. Hacer eso implica multiplicar por 4 la factura al 70% de los hogares. Los gastos energéticos representarían el 7% de la canasta básica y el 14% del salario mínimo. En los ‘90 esa carga era del 4%”. Consultado por Ámbito, aclara que se refiere únicamente a incrementos en el AMBA y esos números solo contemplarían el aumento del precio de la energía. Para Rojo, una tarifa promedio -en invierno- pasaría a ser “igual a lo que paga un N1, o sea $11.500 en energía eléctrica y $5.000 en gas, aproximadamente”.
Según el especialista, esto cobra dimensión cuando la actualización se mide contra la canasta básica, el piso del segmento N3, o contra el salario mínimo, la referencia del segmento N2. “El peso de los servicios energéticos quedaría muy alto. Bastante superior a la década del noventa, cuando todo el mundo pagaba el costo pleno, y mucho más alto que en 2019, cuando se llegó a cubrir el 85% de los costos en promedio, tras los efectos de la devaluación”, advierte Rojo. De todos modos, para Carbajales, la política tarifaria planteada por Milei “dudosamente pueda llevarse a cabo” y suena más “a un slogan de campaña que a una política pública”, ya que podría haber una fuerte resistencia social como consecuencia. En el último informe de su consultora Paspartú, detalla que el candidato plantea aumentos reales y paulatinos a sectores altos, medios y bajos, sin subsidios cruzados, y sí con subsidio directo, pero hasta un límite de consumo para usuarios vulnerables. Sin embargo, también evalúa lo siguiente: “Si bien su ideario presagiaría un nulo rol para el Estado en las políticas sectoriales (o bien, una ausencia total de este tipo de regulaciones), las declaraciones de sus exponentes han desdibujado ese supuesto, con lo que no queda más que señalar la flagrante contradicción al interior de esta plataforma (si es que, como tal, existe)”.
Por lo pronto, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-CONICET), en agosto los subsidios reales cayeron 16,6% interanual, la demanda eléctrica bajó otro 1,6% producto de la reducción de la actividad económica y la devaluación del 22% implicaría un aumento de $70.0000 millones en subsidios en caso de no realizarse aumentos extra, punto que ya la Secretaría de Energía está analizando, como informó Ámbito.
Según un ejercicio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), una medida de shock para eliminar los subsidios provocaría en el corto plazo un aumento del 1,8 % de la pobreza. También reduciría en el 3% el ingreso de los sectores medios, duplicaría el peso del costo del gas, la electricidad y el transporte público en el gasto de los hogares con menores ingresos y sumaría 4 % a la inflación.
