El Gobierno nacional impulsa una polémica modificación de la ley de Glaciares a través de un decreto presidencial que permitirá ampliar las áreas habilitadas para actividades extractivas en territorios periglaciares. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía, busca reducir las zonas protegidas para facilitar el desarrollo de proyectos mineros e hidrocarburíferos, con el argumento de brindar “seguridad jurídica” a las inversiones.
La norma actual establece restricciones estrictas para proteger glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce. La nueva disposición apunta a otorgar mayores atribuciones a las provincias para definir qué áreas podrán ser explotadas, lo que ha generado fuertes críticas desde sectores ambientalistas y de organismos internacionales.
Desde el oficialismo aseguran que se mantendrán las restricciones sobre los glaciares y que se exigirán estudios de impacto ambiental como condición para aprobar cualquier emprendimiento. No obstante, organizaciones ambientalistas advierten que el decreto podría debilitar el control estatal y abrir la puerta a la expansión de la megaminería en zonas sensibles.
La medida ya había sido incluida en versiones previas de la ley Bases, pero fue retirada ante la falta de consenso legislativo. Aun así, el Gobierno insiste en avanzar con estos cambios por vía administrativa. En 2019, la Corte Suprema había ratificado la constitucionalidad de la ley de Glaciares y destacó que la responsabilidad de su protección es compartida entre Nación y provincias.
En una reciente reunión en Casa Rosada, funcionarios de las áreas de Energía y Minería, encabezados por la secretaria María Tettamanti, analizaron junto a técnicos del Ejecutivo nuevas estrategias para atraer inversiones, incluso a costa de flexibilizar marcos legales ambientales. “La meta es reactivar proyectos que hoy están paralizados por restricciones normativas”, indicaron fuentes oficiales.
El posible retroceso en materia ambiental ya encendió alarmas en organismos internacionales. La ONU había calificado de “regresivas” las propuestas del oficialismo y advirtió que podrían afectar el trabajo de los defensores ambientales. En Argentina, más de 16 mil glaciares están relevados en el Inventario Nacional, una herramienta clave para su preservación.
“Las zonas periglaciares son fundamentales para el equilibrio hídrico y climático. Eliminar su protección es una amenaza directa al ambiente y a nuestras fuentes de agua. No tiene sentido avanzar sobre estos territorios en un contexto de crisis climática global”, advirtió Nicole Becker, referente de Jóvenes por el Clima.
