La Cámara Federal hizo lugar a un pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner y ordenó profundizar el análisis de los teléfonos celulares de las dos colaboradoras del diputado Gerardo Milman. Se ampliará el marco temporal del análisis de la información extraída de los mismos.
Se trata de los celulares de las testigos Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco, quienes estuvieron con Milman en la confitería en las inmediaciones del Congreso, cuando el diputado habría dicho “cuando la maten voy a estar camino a la costa”, según declaró un colaborador de un legislador.
La jueza María Eugenia Capuchetti sostenía que había que analizar las comunicaciones de las mismas desde el 30 de agosto del año pasado, lo que fue apelado por los abogados de Cristina Kirchner, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, quienes pretendían un marco temporal más amplio.
Ahora la Cámara, por mayoría, ordenó que el análisis sea desde el 1 de julio hasta el 1 de diciembre del año pasado cuando las testigos entregaron los celulares.
Gerardo Milman
Si bien la medida ordenada por la jueza se habría circunscripto al análisis de la información en los teléfonos durante días posteriores al 30 de agosto de 2022, los abogados solicitaron que se examine como mínimo desde el 1° de julio de 2022 hasta la actualidad.
Aclararon que en el caso no se busca verificar si existió o no la frase en cuestión –“cuando la maten voy a estar camino a la costa”, que según la querella no se encuentra controvertida-, sino que la medida serviría para determinar si Milman habría tenido participación en la planificación del atentado.
Los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia dijeron que “luce razonable que se realice la búsqueda de la información contenida en los aparatos telefónicos secuestrados a Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco, la cual habrá de circunscribirse a corroborar o descartar la existencia de cualquier mención a los dichos que, según el testigo Abello, habría proferido Gerardo Milman en la jornada del 30 de agosto de 2022 y/o cualquier mención o texto que pueda vincularse al atentado”.
“Consideramos fundamentada debidamente por la parte -en consideraciones de razonabilidad la ampliación del lapso temporal propuesto, en virtud de lo cual concluiremos que el examen de dicha información debe realizarse entre el 1° de julio y el 1° de diciembre de 2022 -fecha en la que se aportaron los dispositivos en cuestión-; debiendo ser realizado, tal como lo ha sugerido la propia querella, bajo preciso control jurisdiccional y del Ministerio Público Fiscal y con restricción de absoluta reserva de toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso”, concluyeron los jueces.
En disidencia votó camarista Mariano Llorens, quien consideró la “inutilidad” de la prueba, ya que la propia querella expuso sus sospechas de que el contenido de uno de los aparatos habría sido borrado, mientras que otro habría sido cambiado por su usuaria.
Fuente: Ámbito
