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miércoles, septiembre 10, 2025

La motosierra de Milei sobre las indemnizaciones: Con este sistema puede haber una ola de despidos

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El candidato a Presidente de La libertad avanza le quiere pasar la motosierra a los derechos laborales y en su propia plataforma electoral blanquea la eliminación de la indemnización por despidos sin causa “para sustituirlo por un sistema de seguro de desempleo a los efectos de evitar la litigiosidad”.

En el debate, sin embargo, evitó hablar de la eliminación del pago a los trabajadores echados y se limitó a hablar de un plan de reducción de penalidades y modernizar el sistema laboral.

Milei repitió en varias ocasiones que quiere repetir el esquema de indemnizaciones que se aplica a los trabajadores de la construcción. En la actualidad, el convenio colectivo de la UOCRA prevé un seguro de desempleo en el cual el empleador deposita el 12 % del salario mensualmente al fondo durante el primer año de la relación laboral y cae al 8 % a partir del segundo. Ese dinero se deposita en una cuenta que genera intereses para el trabajador y sustituye a la indemnización en caso despido.

En su plataforma de gobierno, Javier Milei propone una “modernización laboral”. Toma como ejemplo en su presentación el modelo que tiene implementado la Unión de Obreros de la Construcción Argentina (Uocra) con un esquema de seguros de desempleo con “mayor profundidad financiera”. Milei se refiere al “Fondo de Cese Laboral de la Uocra”, una iniciativa que la gestión de Mauricio Macri también quiso impulsar y que también fue impulsada por Roberto Lavagna durante la pandemia.

El fondo de desempleo en la construcción funciona de la siguiente manera: el empleador deposita el 12% del salario mensualmente en el fondo durante el primer año de la relación laboral y el 8% a partir del segundo año. El dinero se deposita en una cuenta bancaria, genera intereses para el trabajador y son inembargables. El dinero es de libre disponibilidad.

El fondo sirve como alternativa a las indemnizaciones y debería ser constituido mediante convenio colectivo, con el aval de las cámaras empresariales y el principal gremio de la actividad. El monto del aporte mensual corre únicamente por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario y sustituye la indemnización.

En el caso de la Uocra, que es el modelo que mencionó Milei, se le retiene a cada trabajador entre el 12 y el 8 por ciento del sueldo (varía según la antigüedad) y se atesora en un fondo que se abre al término del vínculo laboral independientemente del tiempo que haya durado. Milei pretende que entren en este sistema las compañías de seguros privadas, pero no dejó en claro quién haría el aporte, si el empleador o el empleado.

La diferencia principal con el sistema actual es que la indemnización sería percibida por el trabajador, pero financiada no en forma directa por el empleador como hoy, sino por un seguro que pagarán las empresas mes a mes por cada trabajador.

Efectos

  • Con la cuota del seguro, cada empresa tendrá un costo adicional a los descuentos de la seguridad social que ya se realizan; alternativa que en la mayoría puede resultar mucho más costosa que el actual sistema de indemnizaciones.

Para tener una idea, una empresa puede tener 30 empleados y planear despedir solo a 2, pero el seguro lo paga por los 30 durante los 12 meses del año. Esto representa un claro aumento de costos y un fuerte desincentivo para la creación de empleos y emprendimientos.

  • La aplicación del proyecto afectaría al derecho constitucional de “protección contra el despido arbitrario”, ya que en la práctica el empleador vive el pago de la indemnización como una sanción y por lo tanto genera un efecto disuasivo frente a tales decisiones. Un seguro como el que se propone eliminaría ese efecto y alejaría al empresario del problema que le puede ocasionar un despido.

Este derecho tiene un encuadre en la Constitución Nacional, que garantiza la protección frente a un despido arbitrario. El proyecto de Milei y Bullrich degrada este derecho, desprotege al trabajador frente al despido arbitrario y lo coloca en una situación dependiente de los caprichos y la voluntad unilateral del empleador.

La legislación actual, a través del período de prueba, admite despedir sin causa en un período de tres meses. Los empleadores tienen ese trimestre para incorporar al trabajador por tiempo indeterminado o decidir la finalización del contrato sin resarcimiento alguno. También está reglamentado el trabajo temporario y el de tiempo parcial en los casos en los que la actividad económica es temporaria o requiere jornadas más cortas. Es decir, el ordenamiento legal laboral argentino ya cuenta con herramientas resolutorias de la relación de dependencia en casos especiales.

Intereses

Lo explicado anteriormente puede tener mucha relación con la frase de Miguel Ponte, secretario de Empleo del gobierno de Macri y candidato a una función similar en un hipotético gobierno de Milei, acerca de que “contratar y despedir debería ser natural, como comer y descomer”. Es una idea llamativa para un Secretario de Estado, que tiene entre sus responsabilidades garantizar el Derecho Constitucional al empleo digno.

Lo que sucede es que el proyecto en cuestión no beneficia ni a trabajadores ni a empleadores. Los únicos beneficiarios serían los administradores de los fondos de los seguros a crear, a raíz del nuevo negocio financiero, el cual no asegura que los fondos acumulados puedan mantener el valor equivalente a la indemnización a pagar.

Históricamente, las regulaciones del mercado laboral a través del derecho del trabajo han sido creadas para eliminar la desigualdad natural existente en la relación laboral, que en definitiva es una relación de poder, que encuentra al empleador en una posición dominante frente al trabajador, que en general pone a disposición su fuerza de trabajo a cambio de un salario que es base de la subsistencia propia y familiar.

La modernización del mundo del trabajo debe enfocarse en establecer soluciones a los desafíos del trabajo del futuro bajo el principio de que la adaptación a las nuevas tecnologías no puede dar como resultado que un sector aumente su rentabilidad mientras el otro tenga que renunciar a derechos. El único camino posible debe contemplar que todos los sectores se beneficien de las mejoras tecnológicas.

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