Desde el primer momento en que el gobierno provincial definió avanzar en el 2018 con el proyecto de la Zona Franca en La Quiaca ha vulnerado los derechos de las familias indígenas que viven en ese territorio y son parte de la comunidad. A espaldas de la misma, el gobierno y los legisladores oficialistas expropiaron tierras de las familias Portugués, Quispe, Castillo, Cruz y Apaza, entre otros, protegidas por la Ley 26.160 y sus prórrogas, el Convenio 169 de la OIT y tratados internacionales de Derechos Indígenas.
La comunidad indígena de La Quiaca Vieja ha denunciado que el gobierno de Jujuy expropió tierras comunitarias relevadas por el INAI. También que recibieron intimidaciones por parte de funcionarios de Gerardo Morales para que desalojen las tierras ancestrales que habitan.
Campo Verde: Otro de los avances de Morales sobre las tierras de los jujeños
El gobernador de Jujuy quería los terrenos para construir una escuela en el único lugar del pueblo donde se puede hacer deporte y tener acceso al aire libre. Lo logró y siempre culpó a Milagro Sala de que había organizado a los vecinos para que no acepten la escuela.
En la represión que hubo, denunciaron golpes, detenciones arbitrarias, inteligencia previa y el corte de la señal de los celulares.
Pidieron la intervención de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Los vecinos de Campo Verde denunciaron que la policía hizo tareas de inteligencia ilegales desde semanas antes del operativo de represión, para identificar a las personas con participación en la organización barrial.
Los vecinos de Campo Verde, el barrio de San Salvador de Jujuy que el gobernador Gerardo Morales mandó a reprimir porque defendían un predio que usan para jugar al fútbol sea mantenido como espacio para hacer deportes, denunciaron que la policía hizo tareas de inteligencia ilegales desde semanas antes del operativo de represión, para identificar a las personas con participación en la organización barrial. Aseguran además que en el momento en que los efectivos ingresaron al asentamiento, la señal de los teléfonos de la zona fue cortada y el barrio cercado, y que tras la represión los efectivos fueron a buscar a sus casas a los vecinos que hacían de voceros del barrio, a los que se llevaron detenidos. “Estamos pidiendo la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación”, resumió una integrante de la biblioteca popular de Campo Verde.
Gerardo Morales avanzó sobre el pueblo kolla de Caspalá
Cabe recordar que en enero, la comunidad del pequeño pueblo de Caspalá amaneció con policías, incluso integrantes de la División de Infantería de la provincia de Jujuy, y maquinarias de Vialidad enviados para iniciar la construcción de una nueva cancha deportiva, lo que decidió el gobernador Gerardo Morales para avanzar en la apropiación de la cancha comunitaria, donde dijo que se construirá una escuela.
Con el objetivo de comenzar la construcción de la nueva cancha, el gobierno provincial notificó la expropiación del terreno de Genoveva Daniela Moyoja, como un epílogo doloroso de dos meses de angustia y temor de los habitantes del Pueblo Kolla de Caspalá, atravesados por la violencia institucional y de género del Ejecutivo provincial profundizada desde noviembre.
La familia Cruz, del Pueblo Kolla de Caspalá, fue despojada de sus terrenos de 3 hectáreas por decisión del estado provincial. Fue notificada ayer, si bien la orden al juez de Paz Pablo Apaza, que debe ejecutar el desalojo, otorgaba un plazo de 10 días para que la familia abandone el lugar. Sin embargo, sin esperar esos diez días, la maquinaria fue ingresada ayer mismo al terreno con sembradío, destruyéndolo.
