La ciudadanía italiana vuelve a estar en el centro del debate y, esta vez, con una fecha marcada en rojo en el calendario: marzo de 2026. Miles de descendientes en Argentina y en toda América Latina siguen con atención los movimientos del Tribunal Constitucional italiano, que anunció una audiencia pública para resolver si el Decreto Tajani —la normativa que restringió de manera drástica el acceso por sangre— continuará vigente o quedará sin efecto. La expectativa es enorme, especialmente entre quienes quedaron con trámites suspendidos o directamente sin posibilidad de iniciar su carpeta.
Durante décadas, la ciudadanía italiana por descendencia funcionó como un puente cultural y jurídico que unió a generaciones enteras con sus raíces europeas. El acceso relativamente ágil, sumado a la fuerte presencia de la comunidad italo-argentina, convirtió a este reconocimiento en una de las vías más utilizadas para emigrar, estudiar o ampliar horizontes laborales dentro de la Unión Europea. Por eso, los cambios introducidos en 2025 sacudieron tanto a familias como a especialistas en derecho migratorio.
En este contexto, la audiencia convocada para el 11 de marzo de 2026 emerge como un posible punto de inflexión. No se trata solo de un procedimiento judicial: para muchos descendientes, representa la última esperanza de recuperar un derecho que históricamente se transmitió sin límites generacionales. El futuro de miles de solicitudes —y de múltiples proyectos personales— dependerá del criterio que adopte la Corte al evaluar la validez del decreto.
Cómo comenzó el conflicto en torno a la ciudadanía por sangre
El sistema tradicional permitía el reconocimiento de la ciudadanía italiana sin tope generacional. Hijos, nietos y bisnietos podían iniciar el trámite si lograban documentar el linaje. Este esquema cambió abruptamente cuando el Decreto Tajani modificó las reglas, anulando el acceso automático para la mayoría de los descendientes. La norma estableció que, para transmitir la ciudadanía italiana, el antepasado debe haberla conservado sin interrupciones, un requisito que dejó fuera a miles de solicitantes.
A esto se sumó un obstáculo económico inesperado: desde enero de 2025 comenzó a cobrarse una tasa de 600 euros por cada trámite administrativo o judicial. Entre traducciones, apostillas, legalizaciones y servicios profesionales, el costo total se volvió prohibitivo para muchas familias que estaban preparando o a punto de presentar su carpeta.
La demanda que llegó a la Corte y el peso de la jurisprudencia
El caso que analizará el Tribunal Constitucional se originó a partir de un planteo realizado por ocho venezolanos descendientes de italianos. Ellos cuestionaron la constitucionalidad del decreto, argumentando que contradice principios firmemente establecidos, como el carácter permanente del ius sanguinis y la prohibición de aplicar restricciones de forma retroactiva.
Este reclamo obtuvo el apoyo de organizaciones de la diáspora en distintos países y sumó el trabajo de abogados especializados. Aunque el expediente involucra a un grupo pequeño de demandantes, su alcance podría ser global: lo que decida la Corte afectará a millones de descendientes que esperan la reapertura plena de la ciudadanía italiana.
Por qué Argentina mira el fallo con especial atención
Entre todos los países afectados, Argentina aparece como uno de los más sensibles al resultado. Aquí se concentra una de las comunidades de descendientes más grandes del mundo, con una demanda sostenida y en crecimiento durante los últimos años. Jóvenes que planean estudiar en Europa, trabajadores que buscan mejores condiciones laborales y familias que aspiraban a regularizar su situación quedaron en pausa luego del cierre iniciado en 2025.
Para especialistas en derecho migratorio, existen fundamentos sólidos para que la Corte declare inconstitucional el decreto. Entre los principales argumentos mencionan la ruptura del principio de transmisión por sangre, la ausencia de criterios razonables para limitar generaciones y la afectación retroactiva de derechos previamente reconocidos.
Si el Tribunal Constitucional invalida la norma, Italia debería restablecer el sistema previo, lo que permitiría destrabar miles de expedientes frenados y reactivar la preparación de nuevas carpetas.
Qué puede ocurrir después del 11 de marzo
La audiencia del 11 de marzo de 2026 será decisiva y puede derivar en diferentes escenarios:
• Derogación total del Decreto Tajani. En este caso, la ciudadanía italiana por descendencia volvería a habilitarse sin límites generacionales, como antes de 2025. • Ratificación del decreto. Si la Corte confirma su validez, las restricciones actuales seguirán vigentes. • Modificaciones parciales. El tribunal podría ajustar criterios, revisar la tasa de 600 euros o delimitar mejor las excepciones.
Sea cual sea el resultado, cambiará el panorama para quienes buscan obtener la ciudadanía italiana desde Argentina. Mientras tanto, miles de descendientes esperan una definición que podría reabrir la puerta a un derecho histórico y a nuevas oportunidades de vida en Europa.
