A inicios de 2026, la economía argentina muestra signos de estabilización tras el duro ajuste implementado desde 2023, pero persisten varios aspectos negativos que generan preocupación entre analistas y organismos internacionales. Aunque el gobierno proyecta un crecimiento del 5% y una inflación cercana al 10%, las proyecciones más realistas del mercado y de entidades como el FMI, Banco Mundial y OCDE apuntan a un escenario más moderado, con riesgos de desaceleración y presiones sociales. La inflación anual se estima entre el 16% y el 25%, lejos de los niveles de un dígito que se esperaban en etapas previas del plan económico.
Uno de los puntos más críticos es la deuda externa y la escasez de reservas internacionales netas del Banco Central. Argentina enfrenta vencimientos por cerca de US$ 20.000 millones en 2026, incluyendo pagos a organismos multilaterales y bonistas privados. Con reservas netas aún en terreno negativo o muy bajas, el país depende de financiamiento externo o de un nuevo acuerdo con el FMI para evitar problemas de liquidez. Esto genera vulnerabilidad ante shocks externos y limita la capacidad de acumular dólares sin recurrir a medidas que podrían acelerar la inflación.
La inflación, aunque en descenso, muestra una desaceleración más lenta de lo previsto. El cierre de 2025 registró un IPC mensual del 2,8% —el más alto en meses—, y las proyecciones para 2026 rondan el 20% en promedio (con picos en algunos meses por ajustes en tarifas y salarios). Factores como la indexación de las bandas cambiarias a la inflación y la remonetización de la economía podrían generar presiones alcistas, complicando el objetivo de consolidar la desinflación sin sacrificar reservas.
El mercado laboral y la pobreza siguen siendo un lastre importante. El desempleo se mantiene estable en torno al 6-7%, pero con un aumento de la informalidad y salarios reales que no recuperan terreno perdido. La pobreza, aunque bajó desde picos superiores al 50%, aún afecta a más del 40% de la población en algunos indicadores, y el crecimiento económico proyectado (entre 3% y 4%) es heterogéneo: beneficia sectores como la minería y la agricultura, pero deja rezagados al comercio, la industria y la construcción. Esto genera un consumo privado débil y un riesgo de estancamiento en la demanda interna.
Finalmente, la dependencia de financiamiento externo y la incertidumbre política —con elecciones legislativas y tensiones por el reparto de fondos federales— representan riesgos clave. Organismos como la OCDE han ajustado a la baja sus proyecciones de crecimiento (al 3%) y elevado la inflación esperada (al 17,6%), alertando por vulnerabilidades macroeconómicas. Aunque el gobierno insiste en que 2026 será un año de consolidación, el combo de deuda, inflación persistente y desigualdad social podría frenar la recuperación plena y poner a prueba la sostenibilidad del modelo económico actual.
