En las últimas horas se denunció ante el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación el accionar de Inés Yustos y Jorgelina Manzano, funcionarias de esa cartera que responden a la diputada nacional Leila Chaher, a quienes se las sindica como responsables de otorgar más de 250 subsidios del Programa “Acompañar” –destinado a víctimas de violencia de género que reciben más de $100.000 mensuales–, a punteras políticas vinculadas a La Cámpora sin ningún antecedente en ese sentido.
De acuerdo a lo notificado ante la cartera nacional, la modalidad utilizada consistió en cargar en ese programa los datos de punteras políticas vinculadas a Chaher de Palma Sola, Rodeito y San Pedro, entre otras localidades jujeñas. Lo llamativo e injustificable es la falsificación de documentación, ya que ninguna de las pretendidas beneficiarias padece situaciones de violencia de género.
Lo que generó el alerta de las autoridades fue el desmedido número de trámites cargados al sistema del programa “Acompañar”. Pero agravando aún más las irregularidades, existen pruebas de conversaciones por WhatsApp en las que se les exige a las beneficiarias que realicen trabajos políticos en favor de Chaher a cambio de ser incorporadas al programa.
La denuncia sigue el proceso de investigación y en las próximas horas se avanzará ya que la información que se carga al sistema tiene carácter de declaración jurada, y de reunir los requisitos pertinentes, habilita a la beneficiaria al cobro de un subsidio de $ 112.500 durante 6 meses.
El Programa Acompañar está dirigido a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país, y tiene como objetivo principal fortalecer su independencia económica. El Estado nacional otorga un apoyo económico equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil (hoy fijado en $112.500) durante 6 meses consecutivos.
Además ofrece acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial para las personas incluidas en el programa, coordinado con los gobiernos provinciales y locales.
Pero acceder al beneficio sin calificar requiere de la complicidad de funcionarios públicos, lo que podría terminar afectando legalmente a las mujeres engañadas por La Cámpora y dejar en evidencia una cadena de falsificación de documentos. Para peor, en un tema tan delicado y sensible para la agenda pública jujeña como lo es el de la violencia de género.
El episodio muestra la peor cara del clientelismo político desplegado por La Cámpora, en este caso, apelando al doloroso tema de la violencia de género, que tanto dolor ha causado a las familias de Jujuy.
De este modo, la diputada Leila Chaher –quien se autodefine como feminista y activista de género– demuestra que el uso político de ese supuesto activismo en favor de sus intereses personales está por encima de su ideología.
